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La gobernadora de Arizona, al estipular que un individuo será cuestionado no por su aspecto físico, sino tras ser “parado, detenido o arrestado” / Los opositores a la ley tachan los cambios de irrelevantes, pues la esencia sigue siendo la misa / Sheriff Arpaio lanza dos días de redadas / Casi 600 inmigrantes detenidos en Sureste de EU

PHOENIX, EU, 30 de abril (AFP/AP) - La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, promulgó el viernes una versión enmendada de la dura ley migratoria que desató un debate a nivel nacional en Estados Unidos, en un giro destinado a refutar las acusaciones de que promueve la discriminación racial, pero sin restarle el poder a la Policía para confirmar la residencia legal en el país.
La polémica ley de inmigración aprobada por la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer la semana pasada enmendó una parte que abría la posibilidad a que la Policía detuviera a cualquier transeúnte en la vía pública para pedirle documentos que confirmen su condición migratoria.
“Estos cambios responden específicamente a los cuestionamientos legales manifestados por aquellos que temen que el texto original pueda legalizar o facilitar el prejuicio racial”, aseguró Brewer en un comunicado.
“Estas nuevas enmiendas demuestran de la manera más clara e incuestionable que el prejuicio racial es ilegal y no será tolerado en Arizona”, agregó.
Tras las modificaciones, la oposición a la ley estimó que se trata de modificaciones irrelevantes puesto que la esencia que indignó a la comunidad latina siguen allí: la Policía puede confirmar la situación migratoria de las personas en el país en base a “sospechas razonables”.
El proyecto de ley original promulgado hace una semana por Brewer decía que la Policía podía determinar el estatuto migratorio de una persona durante cualquier “contacto con la autoridad”.
A nivel federal solo los agentes de la Agencia de Inmigración y Aduanas pueden controlar la legalidad de los residentes en el país.
Ahora establece que un individuo será cuestionado sobre su legalidad en el país después de que “sea parado, detenido o arrestado”, lo cual supone que la Policía debería hacer estos interrogatorios solo en una situación de presunto delito.
Otro cambio en el texto de la ley es que decía que las autoridades del estado “no pueden únicamente considerar la raza, el color o el origen de nacionalidad al implementar los requerimientos” de esta legislación.
En la nueva versión borraron la palabra “únicamente” para prohibir a los oficiales que se use la raza como un motivo para aplicar la ley.
Pero los activistas de los derechos civiles dijeron que los cambios no garantizan que no se aplique el prejuicio racial con esta ley.
“Solo porque la legislación dice que el prejuicio racial no está permitido, no es que no vaya a pasar”, dijo el director legal de la Unión por los derechos Civiles de America (ACLU) Dan Pochoda.
“De hecho existen algunas prohibiciones en el papel que no garantizar un cambio en los resultados. Nosotros sabemos que ya hay algunas autoridades en Arizona que usan el prejuicio racial como parte de sus tácticas para escoger” a los sospechosos, dijo Pochoda.
Por otra parte, el sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, lanzó dos días de redadas contra inmigrantes indocumentados y delincuentes, esta vez en el sector occidental de la capital de Arizona.
La oficina de Arpaio dijo que unos 200 agentes y voluntarios participaban el jueves y viernes de las redadas en la comunidad de Maryvale, con una alta concentración de contrabandistas de inmigrantes y las casas que utilizan para ocultar a los indocumentados.
Además, un total de 599 inmigrantes condenados por distintos crímenes y con antecedente penales fueron detenidos en varios estados del sureste de Estados Unidos en la mayor operación de este tipo en la región, informó este viernes la agencia de inmigración y aduanas (ICE).
La masiva operación se concentró en inmigrantes fugitivos, que tenían condenas por crímenes cometidos en Estados Unidos, y se llevó a cabo durante tres días hasta la noche del jueves en Florida, Georgia, Alabama, Luisiana y otros cinco estados del sureste, además de Puerto Rico, estado asociado a Estados Unidos.
Los detenidos son 544 hombres y 55 mujeres, de países latinoamericanos, Europa, África y Asia.
La mayor parte de los detenidos son de origen latinoamericano, en su mayoría mexicanos (295). También hay 45 de origen hondureño, 43 de Guatemala, 29 de República Dominicana y 25 de El Salvador, entre otras nacionalidades, informó el ICE.
El mayor número de arrestos se produjo en la zona de Miami, con 48. El total en Florida y Puerto Rico alcanzó a 258 detenciones, informó el ICE.
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